La carrera por la conservación 30x30: ¿un dilema para las pequeñas comunidades pesqueras?

Reservar el 30 % de la superficie del planeta para su conservación en 2030, una campaña también conocida como “ConserVAR 30x30”, se ha convertido quizás en el eslogan más resonante de la actualidad en los círculos conservacionistas mundiales. Hasta julio de 2022, más de 100 países se han unido a la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC, por sus siglas en inglés), un grupo de Estados que apoyan formalmente el objetivo 30x30, incluidos todos los países del G10. La campaña está impulsada por fundaciones conservacionistas y científicos afiliados, así como por empresas e instituciones financieras que abogan por un nuevo acuerdo global para la naturaleza.[1] En pocas palabras, la ambición declarada en su llamamiento es vincular el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en un intento por combinar la protección de la biodiversidad terrestre y marina con la acción climática bajo un mismo paraguas. En la actualidad existe una fuerte expectativa de que el objetivo 30x30 pueda ser aprobado formalmente cuando las partes del CDB se reúnan para adoptar un marco global de la biodiversidad post-2020 (MGB) en Montreal en diciembre de 2022.

Todavía está por ver si este objetivo es realista. Su aparente sencillez oculta la falta de acuerdo sobre el grado de protección (o exclusión) que se pide, y sobre si todos los países deberían aplicarlo por igual. Casi todos los objetivos ambiciosos fijados por los gobiernos para el medio ambiente han fracasado en el pasado. De hecho, las metas de Aichi, acordadas por el CDB en 2010, fijan la ambición de crear una cobertura del 10 % de áreas marinas protegidas (AMP) para 2020. A nivel mundial, este objetivo casi se ha alcanzado (8 %), pero la diversidad de resultados entre países y contextos difícilmente respalda la ampliación del mismo. Parece que se han pasado por alto los problemas de aplicación efectiva o de ubicación adecuada de las AMP. El hecho de que algunos grandes países costeros no se hayan adherido a la HAC, como Brasil, China, Rusia e Indonesia, hace aún más probable el fracaso de esta nueva meta. Sin embargo, más allá de la cuestión de su viabilidad, también hay preguntas urgentes sobre la conveniencia de la campaña ConserVAR 30x30. Esto es especialmente importante desde el punto de vista de un gran número de comunidades pesqueras a pequeña escala para las que la rápida ampliación de las AMP podría suponer una amenaza a sus medios de vida.

La siguiente conversación entre Felix Mallin y Hugh Govan desvela algunas de las implicaciones de una meta global del 30 % para los océanos y lo que podría estar en juego para las comunidades pesqueras a pequeña escala y otras comunidades costeras en términos de acceso y control sobre los recursos marinos.

Felix Mallin [FM]: Hugh, muchas gracias por compartir sus opiniones sobre la campaña 30x30. ¿Podría decir unas palabras generales sobre dónde ve el mérito de proteger la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático a través de las áreas protegidas y las herramientas de gestión basadas en áreas? ¿Y hasta qué punto es sensato aumentar repentinamente esas herramientas hasta el 30 % del espacio planetario en el plazo de unos pocos años?

Hugh Govan [HG]: Las áreas protegidas pueden ser instrumentos eficaces para la gestión sostenible de la biodiversidad, la pesca o incluso los valores culturales. La especie humana cuenta con milenios de experiencia trabajando con ellas. En las circunstancias adecuadas son, sin duda, una excelente herramienta. Dicho esto, la biodiversidad está integrada en la actividad humana y en el suministro de alimentos a todos los niveles. A veces para bien, a veces para mal, pero siempre permanece entrelazada dentro de complejas relaciones socioecológicas. En otras palabras, no se puede estar seguro de que si se tira de una cuerda, no se desenredará todo. Con el 30 %, estamos hablando de una gran variedad de hábitats: desde desiertos, selvas y montañas hasta humedales costeros, arrecifes y océanos abiertos. Es imposible afirmar que haya una herramienta que cubra una proporción igual de todos estos hábitats en todo el mundo. Los diversos países que ahora van a estar cubiertos por la campaña del 30 % tienen todos ellos sistemas de gobernanza distintos, distintas dependencias nutricionales de sus propios recursos y sus respectivos ecosistemas se encuentran en estados de salud muy diferentes. Por lo tanto, es de esperar que se adapten los enfoques para gestionar la biodiversidad en función de cada caso, ya sea en tierra habitada o en mar abierto.

FM: Hablando de entornos marinos, cuando pensamos en el espacio oceánico, existen enormes diferencias geográficas y socioeconómicas entre las naciones costeras e insulares. El 30 % significa una cosa para países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, ya que estos países controlan millones de millas cuadradas de Zonas Económicas Exclusivas que son remanentes de sus dominios coloniales. Comparemos esto con otros partidarios de la HAC, como India, Camboya o Senegal, donde el acceso sin trabas a los lagos y océanos es el salvavidas crucial para millones de personas que se dedican a la pesca a pequeña escala. ¿Están los países del Sur firmando algo que traerá obligaciones y consecuencias no deseadas?

HG: Es importante darse cuenta de que el objetivo, si se adopta en la reunión del CDB de diciembre, no va a ser una decisión basada en cuidadosas consideraciones científicas. Como admiten abiertamente los grupos defensores del 30x30, se trata de un acuerdo político. El Norte propone una idea y el Sur negociará para conseguir el mejor acuerdo posible. En teoría, el Sur debería estar en una posición fuerte porque la mayor parte de la biodiversidad restante, incluidos los recursos pesqueros mundiales, se la quedan ellos. Sin embargo, lo preocupante es que existe un alto riesgo de que la decisión final se vea influenciada por la publicidad positiva y la captación de nuevos dólares para la conservación por parte de grandes donantes. Los recientes y controvertidos canjes de deuda por océanos, por ejemplo, ilustran cómo los gobiernos pueden comprometerse con dudosas promesas medioambientales cuando éstas están ligadas a soluciones a corto plazo para una crisis de deuda nacional. Conozco varios países que han apoyado formalmente la campaña 30x30, donde algunas personas dentro del gobierno se sienten muy incómodas con la idea. Para los dirigentes políticos es una oportunidad de financiación y prestigio a la que no quieren renunciar. Sin embargo, para quienes deben traducirlo y aplicarlo a nivel nacional y local, es un desastre potencial con efectos en cadena que van desde la aplicación de las estrategias de gestión medioambiental existentes hasta las tensiones adicionales en unos presupuestos ya muy ajustados. Los estudios de expertos para los países africanos y otros países en desarrollo son muy claros al destacar que hay problemas de gestión medioambiental que deben abordarse antes de que 30x30 pueda convertirse en una contribución útil a la protección de la biodiversidad. En el nivel más básico, esto se refiere a los departamentos gubernamentales responsables de la pesca o de la conservación del medio ambiente que cuentan con fondos y personal adecuados. Sin esa capacidad gubernamental básica, es probable que el objetivo del 30 % se traduzca en un aumento de los nuevos parques de papel, es decir, zonas legalmente designadas pero sin una gestión real. En última instancia, creo que este enfoque en el 30x30 podría significar que los organismos gubernamentales tengan que hacer cumplir un objetivo relativamente inútil, cuando ni siquiera son capaces de vigilar prioridades cruciales como la contaminación de los océanos generada por las industrias o de hacer cumplir las evaluaciones de impacto ambiental y los planes de gestión. Además, es probable que también socave los modelos de conservación locales y suponga una mayor limitación de los derechos de acceso de las personas que se dedican a la pesca a pequeña escala, que se verán involuntariamente obligadas a renunciar a su soberanía alimentaria por un objetivo de papel internacional sin recibir una compensación adecuada o disposiciones alternativas. Siguiendo la tendencia que hemos visto en las tres décadas anteriores, podría impulsar el círculo vicioso del contrabando, la piratería y la criminalización de las comunidades pesqueras.

FM: Ahora bien, para algunos dirigentes, ni siquiera el 30x30 es suficiente. Para claro regocijo de los grandes donantes filantrópicos y las celebridades oceánicas presentes en la sala, el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, elogió a su país por adoptar el enfoque “30 before 30” (en referencia al objetivo del 30 % antes de 2030) en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos celebrada en Lisboa, que calificó de imperativo moral: “esto no es político, esto no es ideológico, esto es en favor de la humanidad”. Mientras estaba en Lisboa, en realidad estaba esquivando la ceremonia de publicación del tan esperado informe de la comisión de la verdad en su país. Evidentemente, los líderes que son impopulares en su país disfrutan actuando como defensores del medio ambiente en la escena internacional, especialmente cuando eso puede ayudarles a asegurarse un cómodo puesto en la ONU tras su mandato. Esto nos lleva a la actual campaña de presión para el 30x30 y a la cuestión de la legitimidad. Tanto sus fundamentos ecológicos como económicos se están formulando en un determinado entorno científico situado en las partes ricas del mundo. En cambio, las posibles repercusiones sociales y económicas de la meta no han sido objeto de debates parlamentarios o procesos de consulta adecuados en la mayoría de los Estados. ¿Son las personas defensoras del 30x30 conscientes de los riesgos políticos de su campaña, que se caracteriza por un enfoque apresurado de arriba abajo?

HG: Hay auténticos conservacionistas que todavía creen que el modelo de conservación de fortaleza (excluyamos a los humanos y todo irá bien) es lo que necesita el planeta. Además, la experiencia de los últimos 40 años les ha demostrado que presionar directamente a los gobiernos es mucho más eficaz que pasar por los procesos democráticos. Una persona cínica podría afirmar que han adoptado una página del mismo libro que los capitalistas que han causado estragos en el planeta para sus beneficios. Esta arrogancia política es especialmente grave en la floreciente industria financiera de la conservación. Por lo tanto, un problema común al que se enfrentan las comunidades pesqueras a pequeña escala es que, cuando se introducen nuevas normativas medioambientales o AMP de prohibición de pesca, suelen imponérseles a ellas; afectando desproporcionadamente a quienes viven en circunstancias ya precarias, y que a menudo carecen de los medios adecuados para tener voz política. Mientras tanto, los actores verdaderamente problemáticos, como la pesca industrial o el petróleo y el gas, se libran. Esto no es sorprendente, ya que están mucho mejor conectados tanto con los gobiernos como con las personas y entidades que donan a la causa de la conservación. Si se habla de legitimidad, lo que realmente se necesita es un fortalecimiento de los enfoques basados en los derechos que aborden las amenazas en un contexto geográfica, económica y culturalmente sensible. Pero 30x30 es una solución política mucho más fácil: suena bien, se ajusta a un meme, hace que todo el mundo piense que ahora se está haciendo mucho, así que todo puede seguir como siempre.

FM: Sin embargo, hay grupos de científicos y científicas conservacionistas que sostienen que las AMP de no captura han sido muy eficaces en la conservación de la biodiversidad, y de hecho más que la gestión pesquera. Afirman que es la vía más prometedora para restaurar los ecosistemas y que las AMP tienen efectos indirectos positivos para las pesquerías adyacentes y la biodiversidad. ¿Existe un consenso científico sobre esta opinión?

HG: Bueno, hay muchos estudios sobre sistemas de arrecifes de coral y otras zonas costeras que muestran toda una serie de resultados. Si se aplica eficazmente, es probable que la biodiversidad quede protegida de los impactos extractivos y, en algunos casos, esto puede permitir que las poblaciones de peces se repongan, se reproduzcan y contribuyan a la pesca costera. Pero este consenso científico no está exento de muchas advertencias sobre la ubicación de las AMP, si se abordan otras amenazas y, sobre todo, si se aplican eficazmente. Todas estas preocupaciones se agravan con el tamaño de la zona protegida. Tenemos datos y estudios que demuestran que la gestión de las poblaciones migratorias, como el atún listado, a través de las llamadas AMP a gran escala no es una opción rentable. Además, la mayor parte de los impactos negativos sobre la biodiversidad no se producen necesariamente dentro de las zonas designadas para la protección y es probable que sean mucho más complejos de tratar. Y lo que es más importante, solo funcionan si están respaldadas por una inversión considerable en cosas que no son muy atractivas para los donantes filantrópicos y las agencias de cooperación, como el funcionamiento de los gobiernos cotidianos con presupuestos, la labor policial y la lucha contra la corrupción. Así, los gobiernos del Sur preocupados por la biodiversidad, que desean mantener su independencia de los donantes pero que al mismo tiempo necesitan generar ingresos de la pesca, harían mal en cerrar el 30 % en lugar de optar por enfoques de gestión rentables. Por ejemplo, sin ayuda externa, los nueve Estados signatarios del Acuerdo de Nauru en el Pacífico, situados en la principal zona de distribución del atún listado, implantaron su propio sistema de gestión, que, según todos los indicios, ha dado lugar a las pesquerías de atún más sostenibles del mundo. En Tuvalu, el enorme aumento de los ingresos por tasas permitió al gobierno aumentar el gasto para la gobernanza local en las comunidades de las islas periféricas.

FM: Eso suena bastante prometedor. De hecho, más recientemente, al menos en el círculo académico y en la retórica política, hemos podido asistir a una amplificación de los postulados de conservación marina centrados en la justicia social y basados en la comunidad. ¿Cuál cree que es el panorama actual para las comunidades pesqueras a pequeña escala y cómo podrían posicionarse mejor en este debate?

HG: Los beneficios del respeto a los derechos de acceso de las personas que se dedican a la pesca a pequeña escala y de la salud global de los océanos, que se refuerzan mutuamente, están bien establecidos. Se reiteró en su reciente declaración, tras la frustrante Conferencia de la ONU sobre los Océanos, en la que otras partes implicadas intentaron repetidamente instrumentalizar las voces de las comunidades pesqueras a pequeña escala y los pueblos indígenas para sus propios fines. Por lo general, las personas que se dedican a la pesca a pequeña escala son muy pragmáticas sobre cómo el uso sostenible puede contribuir a la conservación de la naturaleza, así como a mantener sus medios de vida y el suministro de pescado a la población. Este enfoque utilitario no es necesariamente del agrado de algunos grupos conservacionistas, y aunque puede reflejar un uso sostenible más sabio y la tutela de los recursos costeros, por ejemplo, por parte de los pueblos indígenas, también puede reflejar el interés propio de los pescadores y las pescadoras o de la comunidad en términos de mantener los recursos costeros que les proporcionan su sustento. Pero tener que acomodar una proporción impuesta externamente de sus caladeros que se retira del uso, o cualquier rigidez en lo que de otro modo podría ser una gestión adaptativa, añadirá otra enorme carga a sus ya complicadas situaciones. Las confederaciones de pescadores del Pacífico, por ejemplo, llevan mucho tiempo reclamando modelos de gestión del 100 %. Estos modelos cumplen todos los requisitos. Lamentablemente, siguen pareciendo demasiado complicados e indeseables desde el punto de vista político para ser apoyados por los líderes, en comparación con decir simplemente: estamos cerrando el 30% del océano, especialmente, si podemos contar las partes de los océanos que nadie puede ver. En resumen, podría ser políticamente beneficioso para el caso de las comunidades pesqueras mundiales a pequeña escala forjar alianzas más fuertes con las luchas por la biodiversidad terrestre. Creo que la gente se interesaría mucho más por el debate si se diera cuenta de que el 30 % se aplica también a la tierra. Cuando las personas propietarias de tierras empiecen a preguntarse qué tercio de mi terreno se va a destinar a un uso concreto, será cada vez más difícil eludir la consulta y el debate.
 

[1] El autor principal del estudio de 2020 financiado por la Fundación Rockefeller, que propone el objetivo 30x30, fue anteriormente jefe científico del Fondo Mundial para la Naturaleza y ahora es director de Resolve, una consultora sin ánimo de lucro con sede en Washington que aporta “experiencia en política, estrategia y comunicación, así como redes, fondos semilla y financiación de impacto a sus socios de proyecto”, entre los que se encuentran empresas mineras transnacionales como Rio Tinto.