La lucha de las pescadoras por su derecho humano a la alimentación y la nutrición: Desafíos y estrategias de adaptación de las pescadoras de Uganda y Malawi

La criminalización de las comunidades pesqueras y su impacto en las mujeres
En Uganda, una directiva presidencial, aprobada en 2017 para permitir que el ejército intervenga y tome el control de la pesca a lo largo de las costas del principal lago pesquero de Uganda, ha empeorado la situación de las personas que viven de la pesca. Esta directiva ha tenido y sigue teniendo un fuerte impacto en las comunidades pesqueras, especialmente en las mujeres. Ha dado lugar a casos de criminalización de pescadores y pescadoras, con implicaciones sociales. Por ejemplo, en un punto de desembarco del distrito de Mukono, el ejército confiscó la embarcación y los equipos de pesca de una mujer con el pretexto de que no cumplía la normativa pesquera. Tuvo que pagar un “rescate” de 1,5 millones de UGX (aproximadamente 400 dólares estadounidenses) para su liberación, pero mientras tanto, despojaron la embarcación de todo el equipo pesquero. Como consecuencia, la mujer no pudo reanudar sus actividades de pesca –su principal medio de vida—, lo que supuso una amenaza a su derecho a una alimentación y nutrición adecuadas y al de su familia.

También hay muchos casos de detenciones y acusaciones contra pescadores y pescadoras por utilizar redes de acero, que el ejército clasifica como “métodos de pesca ilegales”. Sin embargo, las redes de algodón y los aparejos de pesca que exige la ley son costosos (aproximadamente 3.500 dólares), y son sencillamente inasequibles para la mayoría de pescadores y pescadoras a pequeña escala. Por otro lado, las redes de acero son más baratas y se pueden conseguir fácilmente en el mercado a pesar de ser ilegales, porque el gobierno sigue permitiendo su importación. Estas detenciones agravan aún más la presión bajo la que se encuentran las mujeres que, además de sus actividades de cuidado, tienen que luchar para conseguir la liberación de las/los miembros de su familia detenidos.

Además, con el aumento de las detenciones y la militarización del lago, muchos pescadores intentan huir de las detenciones del ejército y emigran de un lugar de desembarco a otro diferente. Allí establecen nuevas familias, pero abandonan a las mujeres a las que dejan en los antiguos lugares de desembarco sin apenas opciones de emigrar. Además, las mujeres han revelado con preocupación que, en algunos casos de vulnerabilidad, a veces tienen que luchar por el poco pescado disponible ofreciendo sexo a los propietarios y a la tripulación de las embarcaciones, para no verse obligadas a pagar un precio mucho más alto por el pescado que necesitan para garantizar su sustento y alimentar a sus familias. Lo que es aún peor es que las mujeres a menudo tienen que soportar mucha violencia de género, que se intensificó especialmente durante la pandemia de COVID-19 en varias partes del país.

El acceso a la tierra: igual de importante para las comunidades pesqueras artesanales 
Más allá de los retos relacionados con la pesca, las mujeres de las comunidades pesqueras suelen tener un acceso limitado a la tierra. La Oficina de Estadísticas de Uganda (UBOS) indica que solo el 38,7 % de las personas poseedoras de tierras son mujeres. Además, el 66,7 % de las tierras que poseen los hogares agrícolas son de tenencia consuetudinaria, que, aunque legítima, sigue siendo cuestionada a la hora de ser protegida legalmente por el Estado. Aunque esto es común en todo el país, la situación es peor entre las comunidades pesqueras porque las mujeres tienen poco acceso a la tierra, que es muy necesaria para sus actividades posteriores a la captura, como el secado al sol del pescado plateado. Las mujeres de las comunidades pesqueras también necesitan tierras para cultivar alimentos con los que dar de comer a su familia, sobre todo teniendo en cuenta su reducido acceso al pescado. Además de estos problemas prácticos sobre el terreno, las mujeres se ven aún más marginadas debido al pluralismo jurídico existente tras el sistema de tenencia de la tierra, que aplica tanto leyes formales como informales, a pesar de que a menudo entran en conflicto.

Acusaciones de brujería y caza de brujas 
Las mujeres de las comunidades pesqueras, al igual que en el resto del país, suelen mantener relaciones de pareja informales que las leyes de Uganda no reconocen como matrimonios legales. Los constantes desplazamientos de los hombres entre los lugares de desembarco mientras buscan pescado y huyen del ejército aumentan la probabilidad de que se establezcan relaciones familiares informales. Esto hace que las mujeres sean aún más vulnerables y estén en desventaja en lo que respecta a los derechos de propiedad conyugal. La Ley de Sucesiones que contempla la herencia es injusta desde el primer momento, ya que define diferentes partes a heredar en función del género, debido al sistema patrilineal todavía dominante en Uganda. 

Otro reto importante al que se enfrentan casi exclusivamente las pescadoras a pequeña escala está relacionado con las acusaciones de brujería contra las mujeres que prosperan. Esta suposición se hace para poder explicar su éxito en un contexto en el que muchas viven en la miseria y la pobreza. Dichas acusaciones han provocado en gran medida la expulsión de estas mujeres de sus propias comunidades tras ser sometidas en muchas ocasiones a violencia física y a la privación de sus medios de producción, como los barcos de pesca. Cuando la comunidad tiene la sospecha de que alguien practica la brujería, cree que tiene la capacidad sobrenatural de realizar actos de maldad, como infligir dolor, enfermedad, desgracia y muerte. La pobreza y la falta de oportunidades alternativas de subsistencia en las comunidades pesqueras han agravado las prácticas de caza de brujas que suelen centrarse en las mujeres exitosas, especialmente a las que tienen pequeños negocios prósperos. 

Un caso concreto (en el contexto de la pandemia de COVID-19) es el de Teopista Komakech, una pescadora que ha vivido en el desembarcadero de Buzindeere durante los últimos 20 años. Fue rechazada y expulsada de su pueblo, y la comunidad se quedó con todas sus pertenencias. El resto de la comunidad utilizó su embarcación y su motor como garantía para recaudar dinero con el fin de contratar los servicios de un brujo que limpiara la comunidad de sus presuntas prácticas de brujería. Teopista cuenta que al principio pidió dinero prestado para conseguir un barco de pesca, lo que le permitió educar a sus 2 hijos y 4 hijas gracias a su duro trabajo. Mientras tanto, muchos niños y niñas de la comunidad abandonaban la escuela. Una de las personas que acusó a Teopista afirmó que la brujería de Teopista dejó embarazada a su hija después de terminar la escuela primaria. Otras afirman que sus hijos e hijas enfermaron, mientras que los de Teopista se mantuvieron sanos gracias a su brujería. Debido a que las acusaciones de brujería suelen dirigirse a las mujeres, nadie en la comunidad acusó al marido de Teopista. Al contrario, los miembros de la comunidad siempre defendieron su inocencia. El ejemplo de Teopista no es un caso aislado: muchas pescadoras de Uganda son tratadas del mismo modo.

Al igual que en Uganda, la pesca en Malawi se considera culturalmente una actividad masculina, y se espera que solo los hombres participen directamente en la pesca. Aunque algunas mujeres quieran participar activamente en la pesca, las prescripciones culturales y los roles de género se lo impiden. Como explicó una mujer de una comunidad pesquera de Ngara (al norte del lago Malaui): “una mujer puede tener equipos de pesca, pero es difícil que tome el control, hay muchos mitos y creencias en contra de que una mujer participe activamente en la pesca. Aunque tenga un equipo de pesca, siempre deja que los hombres tomen el control”. Las mujeres propietarias de equipos de pesca también informaron de que se enfrentan a problemas a la hora de dirigir a los pescadores, que siempre son hombres. 

Las mujeres procesan el pescado pero los hombres dominan los mercados urbanos 
De acuerdo con lo anterior, las mujeres de la pesca artesanal se dedican sobre todo al procesamiento del pescado y venden sus productos en un mercado que en gran medida no está regulado. De hecho, no existe un mercado formal ni un precio estándar para el pescado. Esto perjudica indebidamente y de forma desproporcionada a las personas que procesan y venden el pescado, que son mayoritariamente mujeres. Sin información sobre los precios rápidamente cambiantes en los mercados urbanos, los pescadores (que son predominantemente hombres) tienden a cobrar precios más altos por el pescado. En Nkhata Bay/Tukombo, en la bahía de Nkhata, y en Ngara, en Karonga, las pescadoras informaron de que las personas que vienen a comprar usipa (un pescado local) en el lago vienen vienen de lugares tan lejanos como Zambia. Cuando la competencia es alta, los precios de la usipa aumentan y reducen los márgenes de las personas implicadas (mujeres) que están más abajo en la cadena de valor. Una pescadera del mercado de Mzuzu se lamentó: “No sacamos nada de nuestra usipa porque los precios son muy altos en el lago, ya que competimos con los compradores de Zambia, que tienen mayor poder adquisitivo que nosotras. Su moneda, el kwacha zambiano, es más fuerte que nuestro kwacha malawiano”.

Otro reto está relacionado con el problema de la falta o la inadecuación de las infraestructuras del mercado. Muchas mujeres no tienen permitido el acceso a los puestos de los mercados urbanos. Aunque los estudios han demostrado que la mayoría de las personas comerciantes de pescado son mujeres, casi todos los puestos en los mercados urbanos que venden pescado en todo el país están en manos de hombres. La mayoría de las mujeres se ven obligadas a vender en lugares incómodos, como las calles situadas arriba y abajo del mercado, donde no pueden vender mucho. Además de los problemas relacionados con el acceso a los puestos del mercado, otro problema es el acceso al espacio de almacenamiento. La mayoría de los pescaderos urbanos no tienen acceso a un almacén, por lo que se ven obligados a vender su usipa nada más llegar, aunque a precios más bajos. Las personas que venden pescado en el mercado de Mzuzu se quejan de que si no venden toda su usipa en un día, se ven obligadas a dejarla en la calle, y a menudo se la roban. 

Además, la falta de acceso al capital es otro cuello de botella para las pescadoras artesanales. Solo pueden acceder a los préstamos las que ya están en mejor situación económica, es decir, las que ya tienen los equipos de pesca, que a su vez pueden utilizar como garantía.  Muchas mujeres que querrían participar activamente en la pesca no pueden hacerlo porque no pueden acceder a los préstamos, ya que carecen de garantías. Las pescadoras se lamentan de que algunas organizaciones empezaron a conceder préstamos colectivos, pero no funcionaron para las mujeres. Los préstamos estaban dominados por miembros poderosos. Cuando hay problemas para devolver los préstamos, o no hay fondos para el mantenimiento y la reparación de las embarcaciones, las personas que tienen más recursos económicos utilizan su dinero y acaban controlando la embarcación. 

Los ejemplos de Uganda y Malawi muestran que, a pesar de la gran contribución de las mujeres a la pesca, hay una amplia gama de factores que afectan a sus medios de vida. Estos incluyen, pero no se limitan a: la carga del trabajo de cuidado y reproductivo; los roles de género prescritos que se manifiestan a través de las dificultades y estereotipos culturales y sociales; la falta de acceso a la tierra y a las garantías; así como las barreras estructurales que dificultan su plena participación e impiden su mayor contribución a la pesca a pequeña escala. A pesar de esta multitud de retos, las mujeres de la pesca a pequeña escala de toda África no son meras víctimas pasivas. Siguen luchando y reivindicando su participación para influir positivamente en sus comunidades. 

En Uganda, las pescadoras han tomado la iniciativa de movilizar a sus comunidades para introducir debates sobre los derechos humanos en medio de amenazas e intimidaciones procedentes de distintos frentes. En el distrito de Mukono, las pescadoras movilizaron en 2021 a más de 40 comunidades pesqueras para que recibieran formación sobre derechos humanos, impartida por FIAN Uganda en colaboración con Katosi Women Development Trust (KWDT) y la Red de Abogados de Interés Público (NETPIL). Varias formaciones han seguido empoderando a las mujeres y a otros miembros de la comunidad con conocimientos relativos a sus derechos humanos y al papel del Estado como garante de los derechos en la mejora de las condiciones de vida de estas comunidades. En el proceso, estas mujeres se han movilizado y están reivindicando la realización de sus derechos humanos a través de, por ejemplo, cartas dirigidas a los miembros del Parlamento (MP) y líderes en varios niveles. A través de KWDT, las mujeres han adquirido embarcaciones y equipos de pesca de tamaños aceptables para pescar juntas en grupo, y así contrarrestar los problemas de no poder permitirse embarcaciones y equipos de manera individual. Además, las mujeres se han atrevido a reunirse con sus diputados para expresar sus puntos de vista y sus posiciones frente a proyectos de ley que consideran injustos. 

En Malawi, las mujeres tampoco son víctimas silenciosas de las desigualdades sistemáticas. En la playa de Chilumba, en Karonga, las mujeres procesadoras se han movilizado y autoorganizado para formar un colectivo, que ha puesto en marcha iniciativas normativas y políticas locales orientadas a aumentar la participación local.  Se ha prestado especial atención a la participación de las mujeres en el comercio de la usipa en el lugar de la playa, donde existe una competencia creciente pero sesgada entre hombres y mujeres por el acceso a la usipa como procesadores y/o mayoristas. Gracias a una nueva iniciativa normativa y política local, solo las personas lugareñas pueden comprar usipa directamente a los pescadores como procesadores, y todos los demás comerciantes tienen ahora que comprar usipa a los procesadores locales. Al haber menos competencia de comerciantes de fuera, los precios pueden ser asequibles para las personas que procesan el pescado –la mayoría de las cuales son mujeres— y, por consiguiente, pueden dar lugar a mejores márgenes. Las mujeres de la pesca a pequeña escala también se están movilizando y organizando en asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas, una forma de microfinanciación para reducir el problema del acceso al capital. 

Si no se abordan las desigualdades en la pesca a pequeña escala, el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas no será una realidad para las mujeres pescadoras y sus hogares. Un enfoque basado en los derechos humanos es la clave para proteger a las mujeres contra las costumbres y prácticas injustas en los distintos niveles. Hay una gran necesidad de políticas y programas que apoyen a las mujeres de la pesca a pequeña escala para que accedan a los recursos y superen las barreras tanto estructurales como culturales con el fin de participar y contribuir de forma efectiva como agentes.